Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional con fecha de 3 de marzo de 2016, ha tenido un gran impacto mediático ya que considera ajustada a Derecho la medida adoptada por una empresa consistente en la instalación de cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo sin informar previamente a los trabajadores y sin recabar su consentimiento, como venía exigiendo la ley hasta el momento.

Esta noticia ha causado cierto revuelo y expectación, pues no son pocos quienes se preguntan hasta qué punto esto es posible, ya que están en juego derechos fundamentales del trabajador; como son el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen.

Lo que el Tribunal Constitucional ha expuesto al respecto es que la legalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, como es la instalación de cámaras de videovigilancia, viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. Para superar el referido juicio de proporcionalidad han de cumplirse los siguientes requisitos: idoneidad, que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto; necesidad, que la medida sea necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia; justificación, que existan sospechas que justifiquen su adopción y proporcionalidad en sentido estricto, que la medida sea equilibrada por derivarse de ella más ventajas que perjuicios para el interés general.

La sentencia trae causa en el despido disciplinario de una trabajadora que prestaba servicios como dependienta en una tienda. La empresa, al detectar que las cuentas en la caja no cuadraban, instaló una cámara de vigilancia limitada a la zona de la caja, descubriendo así a la trabajadora sustrayendo dinero.

Se plantea si el hecho de no haber informado previamente a la trabajadora sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo y de no haber recabado su consentimiento, constituye una vulneración de su derecho a la intimidad.

El Tribunal resuelve que el artículo 6.1 de la Ley de Protección de Datos prevé que para el tratamiento de datos de carácter personal, entre los que se encuentra la imagen personal, se requiere el consentimiento del afectado. Sin embargo, existe una excepción a la exigencia del consentimiento cuando los datos de carácter personal se refieran a las partes de una relación laboral y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

Es por ello que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para la instalación de cámaras de videovigilancia, siempre que se trate de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral.

No obstante, aunque el consentimiento no sea necesario, el deber de información sigue existiendo aunque no es imprescindible que se informe expresamente al trabajador de la finalidad de la medida. En el caso enjuiciado, la empresa colocó en el escaparate de la tienda un distintivo informativo de la existencia de un sistema de videoviligancia, entendiendo el Tribunal Constitucional que ello cumple con el deber de información previa.

¿Quiere esto decir que el empresario puede grabar al trabajador libremente?

No, el empresario no está legitimado para llevar a cabo, en base a sus facultades de vigilancia y control, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados.

Para que la instalación de cámaras en el trabajo sea una medida legal y ajustada a derecho, habrá que estar a las circunstancias concretas del caso y verificar el cumplimiento de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, que el trabajador tenga conocimiento de la existencia de un sistema de autovigilancia en el centro de trabajo, aunque sea a través de un dispositivo informativo. Siendo por tanto fundamental, la previa y fundada sospecha de que se están cometiendo irregularidades y que no se pueda probar por otros métodos.

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